Un contra-legislador

El concepto, creo que mal atribuido a Jefferson, de El mejor gobierno es el que menos gobierna se ha aplicado forzosamente a los ciudadanos españoles durante el año 2016 en una vertiente literal y extrema, sin duda poco conocida. Ante las circunstancias impuestas y con independencia de nuestras afinidades políticas, hallamos cierta tranquilidad en la referida idea pero corremos el riesgo de olvidar que una falta de iniciativa parlamentaria prolongada en el tiempo perpetua antiguas normas, y con ellas sus defectos. Todo proyecto de reforma legislativa, por muy necesario o urgente, se verá impotente ante una paralización institucional. De nuevo, uno podría pensar con alivio que, cuanto menos, la aprobación de medidas -en línea con sus precedentes inmediatos- cesará también. Y de pronto topamos con una realidad distinta, aquella que nos muestra como el mundo sigue y como el Derecho, que con su consecuencia política lo es todo, se dicta en otra parte.

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Abogado externo: interrogatorio y representación en juicio

El art. 91.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece con quienes ha de practicarse el interrogatorio de las personas jurídicas, normalmente los empresarios, cuando ha sido solicitada por las partes y concedida por el juez.

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El centro de trabajo en el Derecho Europeo

Con carácter previo, y ante la ausencia de una definición del «centro de trabajo» en la Directiva 98/59/CE, el TJUE parte de la premisa, sentada en el caso Rockfon y desarrollada en la sentencia Athinaïki, de un concepto propio y autónomo de Derecho Europeo: no puede definirse por referencia a las legislaciones de los Estados miembro y, por tanto, debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme en el ordenamiento jurídico de la Unión.

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Acción resolutoria del trabajador y abandono del trabajo

La doctrina judicial clásica exigía el mantenimiento y vigencia del contrato de trabajo del trabajador al inicio del ejercicio de la acción resolutoria como consecuencia de los incumplimientos contractuales recogidos en el Art. 50.1 del ET. durante la tramitación del proceso y hasta la Sentencia. La acción resolutoria exigía para su ejercicio que el contrato de trabajo del trabajador estuviera “vivo” al momento de dictarse la Sentencia y hasta su firmeza.

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Jubilación anticipada

Echemos un vistazo primero a lo que está establecido en el Art 207.1 de las LGSS (anterior 161bis. 2. a.) establece bajo el título “jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador”, el cumplimiento de unos requisitos como tener cumplida una determinada edad y acreditar un periodo mínimo de cotización, estableciendo en su apartado d): “Que el cese en el trabajo se haya producido como consecuencia de una situación de reestructuración empresarial que impida la continuidad de la relación laboral. A estos efectos, las causas de extinción del contrato de trabajo que podrán dar derecho al acceso a esta modalidad de jubilación anticipada serán las siguientes:

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El Caso Pujante Rivera

A finales del pasado año, los clubs DIR de Barcelona -denominación tras la que se esconden verdaderos gimnasios (si bien mi poca experiencia en estas lides demanda prudencia)- fueron objeto de una involuntaria experiencia europea2. Todo empezó con el despido de unos de sus empleados, el Sr. Pujante Rivera, a lo que siguió la curiosidad, en forma de tres pertinentes cuestiones prejudiciales, de un Juez con indudable pericia a la hora de elevar dudas interpretativas al TJUE3. Se trataba, en esencia, de valorar el concepto «trabajador» en la Directiva 98/59/CE4 relativa al despido colectivo en dos planos, temporal y conceptualmente, muy distintos: (i).- uno estrictamente subjetivo: interpretar la noción de «los trabajadores habitualmente empleados» para el cálculo del umbral de referencia; y (ii).- un segundo que exigía aportar luz sobre los trabajadores despedidos incluidos en un procedimiento colectivo. Realmente se aborda el propio concepto de despido y sus límites.

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Interpretación cláusulas contractuales laborales

Las sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 30 de enero de 2004 y 19 de abril de 2013, reiteran que “las reglas interpretativas contenidas en los artículos 1281 a 1289 del Código Civil constituyen un conjunto o cuerpo subordinado y complementario entre sí, de las cuales tiene rango preferencial y prioritario la correspondiente al primer párrafo del artículo 1281, de tal manera que si la claridad de los términos de un contrato no deja duda sobre la intención de las partes no entran en juego las restantes reglas contenidas en el mismo artículo y en los siguientes, que vienen a funcionar con el carácter de subsidiarias respecto de la que preconiza la interpretación literal.”

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Carga de la prueba: disponibilidad y facilidad probatoria

El “principio de aportación de parte” (iudex iudicare debet secundum allegata et probata partibus) impone que los tribunales decidan el asunto en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes.

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Prescripción y unidad de propósito

Se constata con cierta reiteración en nuestra práctica laboral diaria la necesidad de valorar las conductas de algunos trabajadores normalmente tendentes a la obtención de un lucro ilícito, mantenidas en el tiempo a través de una pluralidad de actos y el problema se plantea al afirmar o no si tales actos están dotados de “unidad de propósito” y, en consecuencia, son sancionables o están prescritos y no cabe sanción.

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