2020: justicia mecánica o justicia social

Planteamiento Partimos del término jurisprudencia o prudentia iuris, como el conocimiento de la ciencia de lo justo y de lo injusto en su acepción amplia, es decir la doctrina asentada por nuestros tribunales y en referencia a la Jurisdicción Social por los Juzgados de lo Social, las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al interpretar y aplicar el derecho laboral cuando deciden en sus Sentencias los asuntos planteados básicamente por ciudadanos trabajadores y empresas empleadoras. Magistrado de lo Social: generalista o especialista (i) Acceso La Ley Orgánica 9/2000, de 22 de diciembre, unificó el acceso a la carrera judicial y fiscal mediante un examen conjunto. Reunidos los requisitos básicos, careciendo de antecedentes penales, rellenada la instancia y abonada la tasa de 29,89 euros, tras un proceso que requiere una extraordinaria capacidad de memorización y una media de tres, cuatro o incluso más años de preparación y repetición de los 322 temas, afrontan un examen tipo test, dos exámenes orales y superados estos, una estancia en la Escuela de Práctica Judicial de Barcelona en funcionamiento desde el 18 de septiembre de 1997 (con un mínimo de 9 meses de preparación teórica y 6 meses de práctica en la ciudad que elija), en la que no consta en los años de funcionamiento suspenso alguno relativo al contenido: son jueces. Destacamos que del temario, integrado por 322 referencias, 27 corresponden a administrativo y laboral, es decir el 8,38 % del total que divididos al 50% entre administrativo y laboral equivalen al 4,19% en la especialidad social. La preparación previa del futuro juez ha supuesto normalmente un cuatrimestre en el Grado de Derecho. (ii) algunos datos al 1 de enero de 2019 La carrera judicial se integra por tres categorías: jueces, magistrados con acceso por antigüedad o por especialidad y magistrado del Tribunal Supremo. En España a 1 de enero de 2019, con datos estadísticos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hay 5.419 jueces y magistrados, es decir un 11,6 % por cada 100.000 habitantes (la media europea es de 21,2%), de los que: Jueces son 424 mujeres y 220 varones. Magistrados son 2.484 mujeres y 2.211 varones. Magistrados del TS son 15 mujeres y 65 varones. Jueces y magistrados de lo Social en activo son 342 de los que 197 son mujeres y 145 varones, con una edad media de 49,2 años y 52,1 años y una antigüedad media de 17,8 años y 17,2 años. Todos ellos administran justicia en nombre del rey y tienen atribuida la potestad jurisdiccional (el poder de juzgar y ejecutar lo juzgado). Están sujetos y regidos por el Consejo General del Poder Judicial (sujeto al poder político del Congreso de los Diputados), órgano de gobierno con capacidad de inspección y disciplinaria. (iii) dificultades técnicas y políticas El sistema judicial español atraviesa serias dificultades, como se constata con la paralización y falta de renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial por el Congreso de los Diputados, con un mandato extinguido desde […]

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Sanción al trabajador: graduación y tipificación

Planteamiento En nuestra actividad profesional diaria como abogados laboralistas nos encontramos con diferentes supuestos de sanciones al trabajador, en un abanico que abarca el grado mínimo o sanción leve, normalmente con efectos de amonestación por escrito, hasta las sanciones medias o sanción grave con efectos de suspensión de empleo y sueldo en atención al concreto marco regulador del convenio sectorial de aplicación o en última instancia las sanciones muy graves cuyo efecto máximo supone el despido disciplinario del trabajador.

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Aguinaldo: actualizando doctrina (1)

Planteamiento En estas fechas próximas a la Navidad se plantean frecuentemente consultas de trabajadores sobre los límites y obligaciones respecto al derecho a seguir percibiendo el aguinaldo, o cesta de Navidad, en empresas que lo venían percibiendo durante los últimos años y sorpresivamente dejan de recibirlo sin justificación empresarial alguna.

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Doble escala salarial: doctrina del TS vs doctrina del TJUE

Planteamiento A finales de los años 90 tuvimos ocasión de participar activamente como abogados laboralistas, en los procesos de discusión, interpretación y finalmente negociación en el marco de los convenios colectivos estatutarios de la llamada doble escala salarial, es decir la existencia de niveles retributivos diferenciados como consecuencia de la diversa fecha de ingreso en una empresa o sector productivo (Volkswagen, General Motors, Tudor…).

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Administración Pública y extinción del contrato: de laboral a funcionarial

Planteamiento Venimos constatando en nuestros despachos de abogados laboralistas, con cierta frecuencia, y en diferentes administraciones públicas, el tratamiento dado a algunos trabajadores indefinidos no fijos (por reconocimiento, por declaración judicial o por desarrollo abusivo de la duración, objeto,…de su contrato laboral), que ven desvinculada su plaza de naturaleza laboral para dotarla de naturaleza funcionarial y someterla a continuación a un proceso de selección de funcionario de carrera.

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Dignidad profesional y resolución contractual

Los arts. 4.2.e) y 20.3 del vigente Estatuto de los Trabajadores reconocen expresamente como derechos básicos del trabajador derivados de su relación laboral con el empresario, el derecho a la dignidad profesional y el respeto a la dignidad personal durante toda la vigencia del mismo; expresamente se reconoce que los trabajadores tienen derecho:

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La contratación del abogado por abogado: consejos prácticos (y III)

Recordando algunos principios (i)-Denominación o nomen iuris La realidad acredita que el proceso de contratación de los jóvenes abogados por despachos colectivos o individuales, cuando no se utiliza el modelo oficial relativo a la relación laboral especial de los abogados, se hace bajo distintas denominaciones, colaboración profesional, arrendamiento de servicios o cualquier otra fórmula imaginativa, incluyendo la vía de hecho.

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La contratación del abogado por abogado: convenio colectivo (II)

Fuentes de la relación laboral especial El Real Decreto 1331/2006 de 17 de noviembre que regula la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos, reconoce en su art. 2 b):

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La contratación del abogado por abogado: el proceso (I)

Marco normativo especial y origen singular El Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre (BOE de 18 de noviembre), regula la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos, en cumplimiento del mandato de la Disposición Adicional Primera de la Ley 22/2005, ciertamente singular, dado que incorporaba al ordenamiento jurídico español diversas Directivas Comunitarias en materia de fiscalidad, de productos energéticos y electricidad, …

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